29/03/2017 10:23:00 LOCAL

Con luz sólo hasta que se consuma el crédito

La medida de reemplazar los medidores en los hogares que no pueden pagar la tarifa ya se estaría implementando. Las distribuidoras lo niegan, pero las entidades de consumidores aseguran que está comprobado y lo llevarán a la Justicia.
Los viejos medidores, en algunas barriadas humildes, ya le habrían dejado el hueco al nuevo sistema prepago, según se denunció. La Asociación Defensora de Usuarios y Consumidores (Adduc) llevará a la Justicia la denuncia contra las autoridades energéticas y las empresas distribuidoras que avalen o implementen el reemplazo de medidores para imponer un sistema de pago previo del servicio. 

En Edesur negaron que la firma tenga intención de aplicar el sistema; desde Edenor, en tanto, calificaron de “falso” lo informado ayer con respecto a que se le vaya a restringir el servicio a usuarios electrodependientes. Desde el Ministerio de Energía, a su vez, informaron que no habrá un pronunciamiento oficial por el momento. 

Lo cierto es que la entidad que preside Osvaldo Bassano anuncia que irá más allá de esas ambigüedades, al denunciar que “se quiere sectorizar el consumo, restringirlo para los más pobres y que usen y paguen mínimamente una o dos horas de consumo diario, y en el resto de la jornada se alumbren con velas”. 

Esta situación, interpretó, es el reflejo de “un encarecimiento del servicio hasta un límite que la gente ya no puede pagar, pero la resolución que buscan altera el concepto de servicio público y obligatorio que protege la Constitución”.     

 Según la versión circulante, en algunos barrios de casas humildes empezaron a retirarse los medidores en viviendas en las que el servicio eléctrico sufre una morosidad crónica, con la supuesta intención de reemplazarlos por otros que modificarían la modalidad del suministro y el cobro. 

La prestación pasaría a una forma de pago previo por tarjeta, que habilitaría el consumo de una determinada cantidad de kilowatts. Como los celulares con servicio telefónico prepago o la tarjeta SUBE para el transporte público. Pero ni las empresas distribuidoras ni las autoridades se han hecho cargo, hasta ahora, de que este sistema esté en vías de implementarse. 

El tema adquirió estado público ayer, a partir de la nota de tapa del matutino Crónica en el que se denuncia el caso de familias con personas electrodependientes, en el área de Edenor, a las cuales se las estaría obligando a pasar al sistema de servicio prepago para limitar el uso del suministro. “En los domicilios de los usuarios con deudas importantes, llega un técnico y retira el medidor sin aviso previo; luego viene otro y coloca el prepago”, relató el padre de un chico electrodependiente. 

Un vocero de Edenor, negó lo publicado. Detrás de este caso, está además el debate en torno a un proyecto de ley que reglamente la defensa de los derechos de las personas electrodependientes por tratamientos de salud, que ya fue postergado en varias oportunidades. Por ahora, el reconocimiento de la condición de usuario electrodependiente sigue siendo un trámite que administran las propias distribuidoras. 

 Bassano, entrevistado ayer por la mañana por David Cufré, en Radio 10, explicó que “este sistema de medidores de suministro prepago ya quiso ser implementado en los 90, cuando se privatizó el servicio, y no pudieron, y ahora tras los tarifazos vuelven a intentarlo porque saben que hay gente que no va a poder pagar la factura”. El titular de Adduc no sólo responsabilizó a las empresas prestadoras del servicio, sino también a las autoridades, ya que el reemplazo de los medidores, que ya se estaría efectivizando, “no se puede hacer sin el respaldo del ENRE (ente regulador), lamentablemente en manos de ex funcionarios de las mismas empresas”. 

El representante de los usuarios recordó que “este sistema se utilizó en Londres y en otros puntos de Europa, hace algún tiempo ante una crisis energética porque no había generación, por falta de carbón. Y en una situación de emergencia. Pero acá (en Argentina) hay generación, el inconveniente es el encarecimiento del servicio y que hay mucha gente que no puede pagarlo. Lo más grave, es que quieren dejar sin suministro a los más pobres, reduciéndole su posibilidad de consumo a unas pocas horas por día, con lo cual no van a poder refrigerar alimentos ni atender a personas electrodependientes”. 

Recordó que “ya lo intentaron en los 90, y chocaron con las entidades defensoras del consumo que cuestionaron la legalidad, porque es indudable que altera el concepto de servicio público obligatorio, respaldado en el artículo 42 de la Constitución, que habla del acceso al consumo y la protección económica del consumidor”. 

Edenor, una de las distribuidoras cuestionadas, es parte del grupo Pampa Energía, que encabeza Marcelo Mindlin. El mismo grupo que acaba de concretar la compra de Iecsa (ingeniería y construcción), resolviendo al menos en apariencia un conflicto de intereses que involucraba al presidente de la Nación. Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, era el dueño visible de la empresa antes perteneciente al grupo Socma-Sideco, beneficiada por la adjudicación de diversas obras públicas.





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