14/07/2017 20:04:00 LOCAL

Concejales analizaron situación financiera del Municipio junto al Intendente.

El Vicepresidente Primero del Concejo Deliberante, Cr. OSCAR LUNA, fue contundente al referirse a la falta de envío de fondos de la provincia al municipio: "Una de las principales causa que genera este estado de zozobra permanente, es la actual Ley de Coparticipación que no tan solo limita y coarta, sino que perpetra el abuso de autoridad nunca jamás visto, convirtiéndose la misma en letra muerta y anticonstitucional."
En consecuencia surge necesario hacer algunas reflexiones sobre este asunto de interés público: la autonomía financiera y económica establecida constitucionalmente no tiene razón de ser, sino se reconocen los recursos genuinos Municipales que le permitan a cada Departamento poder cumplir con sus fines y tomar decisiones propias respondiendo a la voluntad popular que ha elegido a los intendentes.
Bien decía el General Perón con sabiduría: “Sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social ni de soberanía política”; esa fue y es la base de esta lucha irrestricta: cada Municipio sabe cuáles son las necesidades primarias de los vecinos, y son los ciudadanos quienes eligen a su representante directo para llevar a cabo esa finalidad. Coartar y ahogar financieramente y convertir en rehenes políticos a los intendentes comunales es la principal maniobra del gobierno provincial, que centraliza el poder violando el espíritu de la constitución y todo régimen institucional.
Asimismo, con la sanción de la Ley Nº 9.782 de coparticipación, que entró en vigencia el 01 de enero de 2.016, supimos de inmediato que la lucha no se había agotado, ya que es una ley limitada e insuficiente, que utiliza parámetros poco equitativos y no negociables a pesar de su letra y que es un instrumento que legaliza de manera mezquina una retención injusta de fondos municipales a favor de la Provincia. De todos los recursos coparticipables, previa distribución, se detrae el veinte por ciento (20%) para la constitución de un Fondo de Emergencias, Desarrollo y Desequilibrio Financiero manejable por el gobierno provincial, cuya razón de existencia es cuestionable habida cuenta que ya existen fondos extracoparticipables que recibe la Provincia para ser aplicados a dicha finalidad.
Asi también, de la asignación efectiva ingresada al Tesoro General de la Provincia de libre disponibilidad que recibe la Provincia en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos, que conforma parte de los fondos coparticipables entre la provincia y los municipios, el ochenta y cinco por ciento (85%) queda para la provincia, asignándose solo un quince por ciento (15%) a favor de todos los municipios que componen La Rioja.
De igual manera, los indicadores de distribución de los recursos no fueron resultado del debate con los representantes municipales, habiendo correspondido, como en la mayoría de las jurisdicciones en las cuales se discute las diferentes leyes de coparticipación, tener en cuenta la opinión y los datos aportados por los mismos. A lo cual debemos agregar que la mayoría de ellos son determinados por la función ejecutiva provincial. En este sentido surgen, desde sus orígenes, como producto de criterios arbitrarios e impuestos a los representantes comunales, corromper la esencia de la Función Municipal amparada por nuestra Carta Magna.
Asi las cosas, es importante recalcar que hay “actitudes mezquinas y de tinte muy perverso" que buscan dar lugar a un escenario de desestabilización, por lo que nosotros que vivimos la realidad municipal, manifestamos: la  modificación de la Ley de Coparticipación es urgente y necesaria porque surge de las demandas de los ciudadanos que los municipios receptan. Es urgente y necesaria porque los problemas municipales son los problemas de los empleados municipales y de los vecinos riojanos. Es urgente y necesaria porque el día a día del Estado municipal exige respuestas ineludibles. Mirar para otro lado, en este caso, es darle la espalda al pueblo y generar con esta acción un contexto de extrema gravedad institucional.
No obstante, su gran falencia reside en que es acotado y que no responde a una ley que refleje las circunstancias existentes por sus propias limitaciones. Se requiere experiencia y vivencia para saber cuáles son las necesidades reales, y de una verdadera vocación institucional para resguardar los derechos del municipio y sus ciudadanos. Un claro ejemplo es tomar conciencia de que la existencia del Fondo de Emergencias, Desarrollo y Desequilibrio Financiero, no es más que un instituto creado al único efecto de acaparar recursos a favor del gobierno provincial, fondos que son legítimamente destinados por naturaleza a los municipios y necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contraídas y pendientes de los mismos. Otro dato a tener en cuenta y muy relevante, es que si no tenemos en cuenta la ley de coparticipacion y hacemos un análisis sobre los fondos que le envía Nación a Provincia, y sobre lo que ésta le remite al Municipio de la Capital, nos damos que el departamento en el cual reside mas de sesenta por ciento (60%) de los habitantes de la Provincia, solo recibe casi el cinco por ciento (5%) de los recursos que la Nación les remite como fondos coparticipables y extracoparticipables. Por todo ello, propugnamos y promovemos un profundo debate que permita generar una ley objetiva, verdaderamente justa y equitativa, que respete la realidad municipal, de los empleados de la institución y sobre todo la de sus destinatarios objetivos (el pueblo que reside en cada uno de los distritos), evitando definitivamente el retaceo sistémico, artero e histórico de los recursos propios que le corresponde a cada jurisdicción departamental.-


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